Seis años después de que se conociera el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá y cuyos protagonistas son los primos Nule, ellos se jugaron su última carta para rebajar su condena.
Miguel, Manuel y Guido Nule, señalados de malgastar los anticipos para la construcción fase III de Transmilenio, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia la nulidad de todo el procedimiento. Según su abogado, Hernán Gonzalo Jiménez, el proceso estuvo viciado por parte de la Fiscalía que “vagamente imputó cargos a mis defendidos con falta de precisión, y ambigüedad con lo cual se violó el debido proceso en toda la investigación”.
Ante la Corte Suprema manifestó el jurista que por “una presión indebida de las víctimas se aumentó la condena de los Nule de siete años a 15”. Pero Jiménez entregó un argumento final.
El abogado dijo que sus defendidos han colaborado con la justicia ya que reintegraron el dinero a través de la aseguradora Segurexpo. “Es curioso que en ninguno de los procesos se haya tenido en cuenta la colaboración de mis defendidos”, dijo.
El apoderado de la Contraloría Enrique José Cardona no cree lo mismo. Para él es necesario que se mantenga la pena impuesta de 15 años. “Nunca se evidenció el arrepentimiento y la suma del reintegro no fue aportada por la voluntad de los Nule sino por una póliza adquirida con una aseguradora”.
Igual consideración hizo el fiscal tercero delegado Juan Vicente Valbuena. Él solicitó negar la mayoría de las peticiones de los Nule al considerar que la Fiscalía en todas las etapas del proceso fue clara con los cargos endilgados a los integrantes del conglomerado empresarial “que con los dineros del anticipo de la fase III de Transmilenio hicieron compras, pago de otros anticipos y el pago de otras obras”.
La Fiscalía se mantuvo en la línea de que “el ente acusador nunca pidió agravantes en la pena” y que fue el Tribunal Superior de Bogotá quien hizo la solicitud.
La procuradora delegada del caso apoyó la tesis del ente acusador al indicar que los contratistas, “fueron informados por la Fiscalía de que cometían un delito en el manejo irregular de los dineros de los anticipos de la fase III de Transmilenio”. La delegada del Ministerio público fue enfática en señalar que la condena contra los Nule debe mantenerse, “incólume”.
Ahora estas apreciaciones realizadas por los interesados en el proceso están en manos del magistrado José Leónidas Bustos quien deberá definir si les baja la condena o la deja intacta.
Miguel, Manuel y Guido Nule, señalados de malgastar los anticipos para la construcción fase III de Transmilenio, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia la nulidad de todo el procedimiento. Según su abogado, Hernán Gonzalo Jiménez, el proceso estuvo viciado por parte de la Fiscalía que “vagamente imputó cargos a mis defendidos con falta de precisión, y ambigüedad con lo cual se violó el debido proceso en toda la investigación”.
Ante la Corte Suprema manifestó el jurista que por “una presión indebida de las víctimas se aumentó la condena de los Nule de siete años a 15”. Pero Jiménez entregó un argumento final.
El abogado dijo que sus defendidos han colaborado con la justicia ya que reintegraron el dinero a través de la aseguradora Segurexpo. “Es curioso que en ninguno de los procesos se haya tenido en cuenta la colaboración de mis defendidos”, dijo.
El apoderado de la Contraloría Enrique José Cardona no cree lo mismo. Para él es necesario que se mantenga la pena impuesta de 15 años. “Nunca se evidenció el arrepentimiento y la suma del reintegro no fue aportada por la voluntad de los Nule sino por una póliza adquirida con una aseguradora”.
Igual consideración hizo el fiscal tercero delegado Juan Vicente Valbuena. Él solicitó negar la mayoría de las peticiones de los Nule al considerar que la Fiscalía en todas las etapas del proceso fue clara con los cargos endilgados a los integrantes del conglomerado empresarial “que con los dineros del anticipo de la fase III de Transmilenio hicieron compras, pago de otros anticipos y el pago de otras obras”.
La Fiscalía se mantuvo en la línea de que “el ente acusador nunca pidió agravantes en la pena” y que fue el Tribunal Superior de Bogotá quien hizo la solicitud.
La procuradora delegada del caso apoyó la tesis del ente acusador al indicar que los contratistas, “fueron informados por la Fiscalía de que cometían un delito en el manejo irregular de los dineros de los anticipos de la fase III de Transmilenio”. La delegada del Ministerio público fue enfática en señalar que la condena contra los Nule debe mantenerse, “incólume”.
Ahora estas apreciaciones realizadas por los interesados en el proceso están en manos del magistrado José Leónidas Bustos quien deberá definir si les baja la condena o la deja intacta.
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