La Fiscalía General de la Nación realizó un primer informe acerca de la masacre de cuatro niños en la vereda El Cóndor, en Florencia (Caquetá) que ocurrió en la madrugada del jueves y que ha sido unánimemente condenada.
En el documento hay una grave denuncia. El ente acusador asegura que hubo falta de apoyo de la Policía y el Ejército en las labores investigativas de la masacre.
Según el informe, la Policía misma fue la que anunció lo que estaba pasando en la humilde vivienda. Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió acompañamiento hubo una negativa con el argumento de no contar con personal.
Después solicitaron ayuda inmediata por parte de integrantes de la brigada XII del Ejército y ocurrió lo mismo. La situación es compleja. ¿Es verdad que el Ejército y la Policía no colaboraron lo suficiente?
El coronel William Boyacá, comandante de la Policía de Caquetá, le aseguró a Semana.com que cuando se conoció la situación, la Policía desplazó inmediatamente personal del CTI y de la Fiscalía.
Por su parte, el subgerente científico del Hospital María Inmaculada, Camilo Enrique Díaz, aseguró que Pablo Vanegas Grimaldo, el niño de 12 años que sobrevivió a la masacre, llegó en la madrugada del jueves en una ambulancia del Ejército. Entonces, ¿colaboró o no la fuerza pública?
Se tiran la pelota
El enredo es cada vez más grande. Un ente le tira la pelota al otro queriendo librarse de responsabilidades. Ahora la Defensoría y la Personería de Florencia agregan otro elemento que pone en cuestión la denuncia de la Fiscalía.
Estos entes le aseguraron a Semana.com que el padre de los niños tenía problemas de tierras con otras personas. El caso venía desde el año pasado. Según las averiguaciones, el hombre había acudido desde antes a la Fiscalía y había denunciado la situación, pero el ente -al parecer- no le prestó atención. Él tuvo que acudir a la Policía y fue esta entidad la que lo atendió.
Presuntamente la Policía logró que el hombre hiciera una conciliación con las personas que estaba teniendo problemas y la controversia había disminuido. Ahora queda la duda de quién fue la negligencia.
Semana.com conoció que ya existe información que indica quiénes pueden ser los responsables, sin embargo la Policía sigue ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos, luego de que el presidente Juan Manuel Santos les ordenara dar con los asesinos.
Un fiscal especializado de Caquetá ya asumió la investigación y ordenó las primeras diligencias de la Policía Judicial para recopilar los elementos probatorios necesarios y poder darle un orden a este enredo.
En el documento hay una grave denuncia. El ente acusador asegura que hubo falta de apoyo de la Policía y el Ejército en las labores investigativas de la masacre.
Según el informe, la Policía misma fue la que anunció lo que estaba pasando en la humilde vivienda. Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió acompañamiento hubo una negativa con el argumento de no contar con personal.
Después solicitaron ayuda inmediata por parte de integrantes de la brigada XII del Ejército y ocurrió lo mismo. La situación es compleja. ¿Es verdad que el Ejército y la Policía no colaboraron lo suficiente?
El coronel William Boyacá, comandante de la Policía de Caquetá, le aseguró a Semana.com que cuando se conoció la situación, la Policía desplazó inmediatamente personal del CTI y de la Fiscalía.
Por su parte, el subgerente científico del Hospital María Inmaculada, Camilo Enrique Díaz, aseguró que Pablo Vanegas Grimaldo, el niño de 12 años que sobrevivió a la masacre, llegó en la madrugada del jueves en una ambulancia del Ejército. Entonces, ¿colaboró o no la fuerza pública?
Se tiran la pelota
El enredo es cada vez más grande. Un ente le tira la pelota al otro queriendo librarse de responsabilidades. Ahora la Defensoría y la Personería de Florencia agregan otro elemento que pone en cuestión la denuncia de la Fiscalía.
Estos entes le aseguraron a Semana.com que el padre de los niños tenía problemas de tierras con otras personas. El caso venía desde el año pasado. Según las averiguaciones, el hombre había acudido desde antes a la Fiscalía y había denunciado la situación, pero el ente -al parecer- no le prestó atención. Él tuvo que acudir a la Policía y fue esta entidad la que lo atendió.
Presuntamente la Policía logró que el hombre hiciera una conciliación con las personas que estaba teniendo problemas y la controversia había disminuido. Ahora queda la duda de quién fue la negligencia.
Semana.com conoció que ya existe información que indica quiénes pueden ser los responsables, sin embargo la Policía sigue ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos, luego de que el presidente Juan Manuel Santos les ordenara dar con los asesinos.
Un fiscal especializado de Caquetá ya asumió la investigación y ordenó las primeras diligencias de la Policía Judicial para recopilar los elementos probatorios necesarios y poder darle un orden a este enredo.
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